Irvin Waller

La verdad acerca de la justicia para las víctimas

Reconociendo que millones de personas, incluidas mujeres y niños, de todo el mundo aún sufren daño como resultado del delito, del abuso de poder y del terrorismo, y que los derechos de estas víctimas aún no han sido adecuadamente reconocidos, y que pueden, además, encontrarse en apuros al cooperar en la acción penal contra los autores de delitos, (proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder)

El primer derecho humano de las víctimas es que los gobiernos inviertan de manera sostenible e inteligente, en aquello que funciona para reducir los delitos y la victimización, así como elevar la seguridad en las comunidades.

Debemos hacer que los gobiernos reduzcan los números de víctimas de delitos violentos y contra la propiedad, utilizando el conocimiento internacional que demuestra qué es lo reduce la delincuencia. En tráfico de estupefacientes, debemos invertir para atacar aquellas determinantes sociales favorecedoras del abuso de drogas. Menos represión, Más seguridad demuestra cómo una inversión equivalente al 10% de lo que actualmente se está gastando en reaccionar frente a la delincuencia, lograría hasta una reducción del 50% en el número de víctimas al final de un período de diez años.

Desafortunadamente, un amplio número de personas son aún víctimas del delito y la violencia, inclusive si los políticos actúan rápidamente con las políticas preventivas demostradas en Menos represión, Más seguridad para reducir la delincuencia y la victimización.

Habrán víctimas del delito que sufrirán pérdidas, lesiones y trauma, con pocos recursos para remediar el hecho. Aún peor, serán ignoradas y su difícil situación, exacerbada por nuestro sistema de seguridad y justicia penal.

Recordando la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (GA/40/34) de 1985 mediante la cual se solicitaba a los Estados Miembros que adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder (proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder).

Los derechos humanos de las víctimas son tan importantes como cualquier otro derecho humano. En Europa y otros países desarrollados, las necesidades de las víctimas de delitos y abuso de poder son introducidas a través de legislaciones, servicios y mediante la reparación. En los EUA, los servicios para víctimas del delito reciben su financiamiento de las multas pagadas por los autores de los delitos en lugar de los impuestos. Con frecuencia, los delincuentes son compañías grandes y ricas quienes pueden pagar dicho financiamiento en miles de millones de dólares - procedimiento que podría adoptarse en cualquier país.

Es notorio al avance parcial alcanzado por algunos gobierno en

• Legislar los principios básicos de justicia en la legislación interior, combinada con una oficina al más alto nivel que implemente las políticas y programas para proveer medidas comprehensivas para las víctimas del delito;
• Dotar a las víctimas con mejor información, servicios de apoyo, reparación por parte del agresor, compensación del Estado, y un rol activo en los procesos penales;
• Establecer programas de protección par alas víctimas en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, debido al género o la edad;
• Lanzar campañas, comités y leyes permanentes, que promuevan el uso de programas preventivos contra la victimización, eficaces y efectivos, a todos los niveles de gobierno (proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder).

Hay mucha retórica cuando se trata de hacer justicia y apoyar a las víctimas. De hecho, con frecuencia, existen diversas leyes y un conjunto de servicios tipo parches que las implementan. Sin embargo, se requiere construir servicios universales, trabajar en la restitución, y proveer compensaciones equitativas.

La policía debe poner más atención a las víctimas o arriesgarse a perder la mejor fuente de información que tienen, en la mayoría de los delitos. Esto incluye incorporar oficiales mujeres disponibles para víctimas mujeres, referencias de servicios comunitarios de apoyo y proveer información sobre cómo prevenir la repetición de la victimización.

Sistemas como Gaçaça (en Rwanda), provén más modelos comprehensivos tratándose de justicia restaurativa en lugar del mosaico de procedimientos que ahora existen en los EUA y muchos otras paises de la Americas. Mientras que los EUA no han aprobado a la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma provee el mejor sencillo modelo de cómo las víctimas deben lidiar con la victimización en un sistema de audiencias en cortes.

Por otro lado, algunos procesos de justicia restaurativa que involucran a la víctima reducen el deseo de venganza y, entonces, son una forma de prevenir los delitos.

En Francia, las víctimas tienen abogados en las cortes penales, quienes pueden ser pagados a través de un servicio apoyo legal. Japón ha adoptado recientemente una ley modelo sobre cómo implementar la declaración de la ONU, incluyendo providencias similares. Para la India, la Comisión sobre la Reforma a la Justicia Penal ha hecho un llamado por la revisión de la justicia criminal en su conjunto para hacerla más receptiva y sensible a las necesidades de las víctimas, y proveer los derechos y reparación.

Es tiempo para que en los sistemas legales, como el de los EUA o Inglaterra o de las Americas, se muevan más allá de las simples declaraciones del impacto en las víctimas o de los procesos de justicia restaurativa mismos que no garantizan la participación equitativa de las víctimas. Mediante la combinación de las jurisdicciones civil y penal en un proceso ante la corte, podríamos permitir a las víctimas pararse al frente para defender sus intereses personales sobre su seguridad, reparación y verdad.

Pero lo que se requiere, más que nada, es proporcionarles los medios para conseguir tal acción, probablemente a través de una reforma constitucional, como aquélla que se adoptó en 2004 en EUA. Esto debería combinarse con la aprobación, en la legislación secundaria, de las siguientes secciones del proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito.

Propongo que los gobiernos adopten una Ley para las Víctimas del Delito que pondría a los Principios de Naciones Unidas sobre Justicia para Víctimas del delito en la legislación nacional, junto con una oficina para dichas víctimas encargada de asegurar la implementación de dichos principios, en la práctica. Dicha legislación incluso identificaría el rol de la parte civil, en el juicio penal.

• Los principios de las Naciones Unidas expresados en la legislación
• Una oficina para las víctimas del delito
• Compensación estatal por la violencia sufrida, servicios de apoyo a para las víctimas, asistencia legal (fortalecer la restitución)
• Parte civil en el proceso penal con derecho a protección:
  • Ser oído en cualquier audiencia, incluyendo la liberación, alegatos, sentencia o libertad bajo palabra, del responsable
  • Restitución completa y oportuna
  • Ser razonablemente protegido del acusado
  • Respeto por su dignidad y privacidad

En 2006, la Sociedad Mundial de Victimología y el Instituto Internacional de Victimología de la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos, reunió a un pequeño número de expertos sobre la implementación de los derechos de las víctimas alrededor del mundo. Este grupo desarrolló un proyecto convincente base de una Convención de las Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo para las Víctimas, el cual está disponible en www.tilburguniversity.nl/intervict/undeclaration

He borrado las secciones, en este proyecto, que son internacionales, para proponer una Ley Modelo sobre Justicia y Apoyo para las Víctimas del Delito. De los artículos 1 a 3 definen quiénes son víctimas del delito. El artículo 4 señala el compromiso para la reducción de la victimización. Los siguientes numerales se encargan del acceso a la justicia y a un trato justo (5); protección de víctimas, testigos y peritos (6); información (7); asistencia (8); justicia restaurativa (9); restitución (10) y compensación (11). En una tercera sección, está cómo asegurar la implementación (12) y el monitoreo (13).

Aunque las estimaciones de los costos son sólo aproximaciones, construir justicia para las víctimas requeriría de la distribución o redistribución presupuestaria del 4% de lo que actualmente se gasta en más ley y orden - 2% para apoyo y recursos legales y 2% para reparación. Entonces, ¿por qué no?